La autopista entre Zaragoza y El Vendrell dejará de ser de pago a partir de septiembre. Así lo confirmó el pasado 8 de marzo en el Senado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que aseguró que el Gobierno de España no prorrogará las concesiones en los tramos Zaragoza-El Vendrell de la autopista AP-2 y Tarragona-La Jonquera, de la AP-7, que vencen en agosto, lo que supondrá su liberalización.

“Son 474 kilómetros de autopista y más de 13 millones de vehículos que van a dejar de pagar 500 millones de euros cada año por su uso”, indicó Ábalos, que se alegró de que se vaya a dar el paso “a una nueva red viaria mucho más equitativa, igualitaria y justa entre usuarios y territorios”.

Actualmente, el departamento que dirige Ábalos está preparando la licitación de los contratos de conservación y explotación de estas autopistas estatales.

La liberalización de la AP-2 supondrá la reducción del tránsito por el tramo sin desdoblar de la N-II por Aragón, que solo el pasado año se cobró cinco vidas y en el último lustro supera las veinte. Con esta liberalización se cumplirá la demanda de los pueblos de la Ribera Baja del Ebro, que llevan años denunciando la alta siniestralidad de la carretera y exigiendo su desdoblamiento.

Por otro lado, la liberalización de esta autopista contribuirá al ahorro de alrededor de un millón de euros en bonificaciones de peaje en esta vía entre septiembre y diciembre, según los datos aportados hace unos meses desde la dirección general de Carreteras del Gobierno de Aragón.

La gran mayoría de estas bonificaciones corresponden a los pagos por vehículos ligeros, mientras que unos 60.000 euros corresponden a los pesados, que, pese a esta ayuda pública, siguen optando por circular por la nacional en lugar de por la autopista, una realidad que cambiará, previsiblemente, a partir de septiembre.