Lambán se compromete a iniciar de nuevo la tramitación del Fondo Aragonés de Financiación Municipal (FAFM) y a impulsar la Ley de Dinamización del Medio Rural

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, clausuró el pasado viernes, 15 de noviembre, la VIII Asamblea de la FAMCP, que previamente había inaugurado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez.

En ella, se renovaron sus órganos, tanto el consejo como la ejecutiva, compuesta de 21 miembros, a la que solo solo se presentó una única candidatura. Ahora estará presidida por José Luis Zubieta, que revalida cargo y sus tres vicepresidentes son Joaquín Noé, Ignacio Herrero y Maricarmen Herrero, alcaldes de Ariño, Illueca y Maluenda, respectivamente.

Lambán se comprometió con el nuevo equipo, tanto a acompañar la reclamación de suprimir las limitaciones existentes al destino del superávit local y las rigideces de la regla de gasto, así como a iniciar de nuevo la tramitación del Fondo Aragonés de Financiación Municipal (FAFM), antes conocido como la ley de Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA), que decayó al no poder aprobarse durante el periodo de sesiones anterior. Este instrumento aumentará el dinero que reciben los ayuntamientos y fijará un suelo en materia de financiación municipal que no podrán rebajar los próximos gobiernos autonómicos. En materia de despoblación, otra de las reclamaciones de la FAMCP plasmadas en el lema de la asamblea "Ante la despoblación, compromiso", Lambán también se comprometió a ultimar la Ley de Dinamización del Medio Rural, cuyos trabajos ya están en marcha.

Financiación suficiente

Lambán recordó que la financiación de las corporaciones locales experimentó en el anterior cuatrienio (2015-2019) un fuerte aumento en cuanto a la autonomía y la cuantía en la financiación de los municipios aragoneses, al pasar de 9,6 millones de € en 2015 a casi 21 millones € cuatro años más tarde. Esta cantidad supone más del doble de dinero y una transferencia totalmente incondicionada; es decir, que los ayuntamientos pueden decidir libremente en qué se lo gastan, sin imposiciones previas.

En el presupuesto de 2020, que está actualmente en tramitación, se mantiene esa cantidad, mientras que el Fondo de Cooperación Comarcal registra un aumento de 4 millones de euros para atender a las necesidades financieras de la Comarca Central, creada recientemente y que viene a paliar las carencias que venían sufriendo en este apartado los municipios del entorno metropolitano.

Las cuentas del próximo año incluirán por primera vez los 8 millones de euros que corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza por la Ley de Capitalidad aprobada a finales de 2017.

Por su parte, el Fondo de Cohesión Comarcal, contará con 4 millones de euros, gestionado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Para que esta realidad se consolide y no dependa de decisiones del gobierno de turno, y aun siendo conscientes de que la competencia de la financiación de los entes locales es estatal, Lambán aseguró que la Comunidad Autónoma "no puede vivir de espaldas a la realidad del mundo local" y que, dentro de sus posibilidades, debe ayudar a la financiación del mismo. Por todo ello, y tras haber decaído al no poder aprobarse durante el periodo de sesiones anterior, ya se ha decidido iniciar de nuevo la tramitación del Fondo Aragonés de Financiación Municipal (FAFM), antes conocido como la ley de Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA). Este instrumento aumentará el dinero que reciben los ayuntamientos y fijará un suelo en materia de financiación municipal que no podrán rebajar los próximos gobiernos autonómicos.

En la financiación de los entes locales, el siguiente objetivo fundamental para esta legislatura es luchar para que se derogue la llamada Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que el presidente calificó de "nefasata".

Conceptos como techo de gasto, regla de gasto o la imposibilidad de invertir el superávit y los remanentes de tesorería deben ser superados, según reclaman los responsables municipales. Según la AIREF, hay cerca de 27.000 millones de euros que los entes locales (ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales) tienen en depósitos bancarios y a los que no pueden dar ningún rendimiento debido a que lo impide la propia ley, con el perjuicio en los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos que eso conlleva.

Por todo ello el Gobierno de Aragón tiene la firme intención de acompañar al resto de comunidades autónomas, la reivindicación para la consecución de este objetivo fundamental para las administraciones locales aragonesas y del resto de España, así como la aprobación de una Ley Estatal que, de una vez por todas, dote de la financiación necesaria a los ayuntamientos de este país y que llevan esperando desde hace más de 40 años.

Nueva Ley de revitalización del medio rural

Con respecto a la despoblación, Lambán insistió en el compromiso de los diferentes equipos en el Gobierno de Aragón, con el equilibrio territorial desde hace dos décadas y los diversos foros que ha liderado o participado el Gobierno de Aragón, así como las numerosas iniciativas impulsadas, las últimas para sacar adelante una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, así como una reforma del sistema de financiación autonómica que tuviera en cuenta el coste de los servicios básicos en las regiones con problemas demográficos.

También recordó otros avances como conseguir que la UE incluya la despoblación entre los criterios de reparto de los fondos FEDER y defendió la reforma de la PAC como uno de los instrumentos más eficaces para asentar población y favorecer a quienes trabajan y viven en el medio rural, que puede cifrarse entre 400 y 500 millones de euros en ayudas.

El presidente aragonés recordó que se ha empezado a trabajar en una Ley de Dinamización del Medio Rural que profundice de forma más especializada y concreta en el problema de la despoblación.

Existen diversas acciones en el medio rural aragonés que inciden ya directamente sobre la despoblación como el incremento de la red de escuelas de 0 a 3 años o el mantenimiento de colegios a partir de 3 años; las ayudas individualizadas de transporte y comedor en el medio rural; el incremento de estudios de Formación Profesional relacionados con actividades que se desarrollan en el medio rural; la apuesta prioritaria por el sector agroalimentario o las ayudas para que se hayan incorporado en los últimos años 1.400 jóvenes al sector agroganadero, entre otros.

En cuestiones más concretas, hay que recordar la ejecución de varios parques eólicos y fotovoltaicos, además de otros proyectados, que convertirán a Aragón en una de las regiones líderes en la producción de energías renovables; o el esfuerzo que tanto el Gobierno de Aragón como diversas empresas están haciendo para ubicar proyectos en las comarcas afectadas por el cierre de la Central Térmica de Andorra, con algunos proyectos industriales ya en plena ejecución, en buen medida para trabajar sobre los recursos autóctonos y bajo el paraguas de la economía circular. Además, la Banda Ancha y su implantación en territorio aragonés como el aspecto que abrirá la puerta a más proyectos y que da un paso en la equiparación digital del medio rural con la ciudad.