Lunes 18 Octubre 2021

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha presentado la convocatoria de ayudas a los ayuntamientos de Aragón para la adquisición de viviendas con destino al parque público de viviendas.

La convocatoria, que se publicará este viernes, 1 de octubre, en el BOA, está dotada con 1,8 millones de euros y servirá para subvencionar hasta el 60% del coste de adquisición de viviendas por parte de los ayuntamientos. Unas viviendas que pasarán a formar parte del patrimonio municipal y que deberán destinarse, durante al menos 25 años, a alquiler social o asequible.

José Luis Soro ha explicado que “el objetivo de esta convocatoria es dar respuesta, en colaboración con los ayuntamientos, a la necesidad de vivienda, especialmente en el medio rural, a la vez que conseguimos poner en uso y dar un destino social a las viviendas desocupadas”.

El consejero ha señalado que es muy complicado tener una cifra exacta de cuántas viviendas podrán adquirirse gracias a esta subvención ya que el precio de las mismas depende de muchos factores “esperamos que sea en una horquilla de entre 30 y 40 viviendas”.

Soro ha destacado que es una manera novedosa y práctica para colaborar con los ayuntamientos en el aumento de las viviendas en alquiler y del parque público de vivienda. Esta medida se une a otras que ya se están aplicando y que tienen que ver con la rehabilitación de vivienda vacía, por ejemplo, o con las campañas de captación de vivienda para incluir en la Bolsa de Alquiler Social.

El consejero ha explicado la función social de esta medida ya que “las viviendas que se adquieran por los ayuntamientos deberán incorporarse al patrimonio municipal y destinarse al alquiler para vecinos que cumplan unos determinados límites de ingresos”.

Podrán concurrir a esta convocatoria todos los ayuntamientos de Aragón, pero, para llegar al máximo número posible de ayuntamientos y extender la medida por todo el territorio aragonés, se limita a cuatro el número de viviendas que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes pueden adquirir con cargo a esta convocatoria. “De este modo, evitamos que los ayuntamientos más pequeños se queden sin acceso a las ayudas” ha señalado Soro.

No obstante, si una vez hecha la selección de los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas, queda saldo, se podrá asignar a los ayuntamientos de más de 5.000 vecinos.

Los ayuntamientos podrán obtener una subvención proporcional a la superficie útil de cada vivienda, hasta un máximo de 400 euros por metro cuadrado. La cuantía máxima de la subvención no podrá superar el 60% del coste de adquisición.

Los ayuntamientos que deseen optar a esta subvención deberán presentar la solicitud según el modelo publicado en el BOA, y cuentan con un plazo de un mes a partir del próximo sábado 2 de octubre. Esta iniciativa se deriva del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y tiene vocación de continuidad con los próximos planes.

Para el consejero Soro “el objetivo es poder resolver la convocatoria dentro de este año y que el pago de la misma se realice con carácter previo, pero condicionado a la posterior firma de la escritura de compraventa”. Además, la convocatoria tiene carácter retroactivo y podrán beneficiarse los ayuntamientos que haya adquirido viviendas a partir del 1 de enero de 2021.

Respecto a las condiciones que serán necesarias para obtener financiación, se ha explicado que “la convocatoria se resolverá mediante concurrencia competitiva, estableciéndose unos criterios objetivos para su concesión: número de habitantes del núcleo de población; precio de adquisición de la vivienda; número de viviendas adquiridas; calificación energética de las viviendas; destino de la vivienda para mayores de 65 años; adaptación de las viviendas para personas con discapacidad; reducción de la renta de alquiler…” ha señalado el consejero.

Por su parte, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, ha detallado las condiciones para el acceso a esta convocatoria. El BOA publicará la solicitud que se deberá presentar y en la que se recogen todas las características técnicas que servirán para resolver la misma.

Villagrasa ha detallado que “las viviendas deberán estar en condiciones de ser ocupadas de manera inmediata, se admite que puedan ser objeto de una reforma de adecuación de hasta 6.000 euros de inversión, y cumplir con todos los requisitos de habitabilidad”. Verónica Villagrasa ha explicado que la superficie útil no podrá ser inferior a 55 metros cuadrados.

Estas viviendas se destinarán a alquiler social o asequible, y las unidades familiares que accedan a ellas no podrán tener ingresos superiores a tres veces el IPREM, en concreto, 1.694 euros al mes. La cifra de ingresos será superior en el caso de las familias numerosas o para las unidades familiares en las que se incluyan personas con discapacidad.

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