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Hoy os dejamos una entrevista reciente al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, para que podáis conocer algo más acerca de la institución del Justiciazgo, la más antigua de Aragón. Os recordamos que el Justicia visitará el miércoles la sede de la Comarca para escuchar las quejas y consultas de los ciudadanos. Las personas interesadas en concertar una entrevista con El Justicia de Aragón para exponer su queja pueden llamar al teléfono gratuito 900 210 210.

Fernando García Vicente, fue elegido Justicia de Aragón en la sesión plenaria de las Cortes de 20 de Mayo de 1998 con el voto unánime de todos los diputados. Después de trece años sigue ostentando este cargo histórico que le hace ser la tercera autoridad de la Comunidad Autónoma, junto al jefe del Ejecutivo aragonés y al presidente de las Cortes.

García Vicente, doctor en Derecho y fiscal desde 1978, consigue desde el Palacio de los Condes de Armijo que todos los aragoneses sean correctamente tratados por la Administración pública. Todo ello lo hace a través de sugerencias, recomendaciones e informes especiales sobre materias de su competencia.

PREGUNTA.- A usted le gusta decir que la institución que dirige pone voz a los que no tienen voz… ¿Tantos errores comete la Administración pública con los ciudadanos?
RESPUESTA.- Creo que la Administración cada vez tiene un mejor trato con los ciudadanos, pero cada vez las cosas son más complejas y la gente más exigente. En general, los ciudadanos de lo que se quejan es de que no les hacen caso y en algunos casos de que nadie les explica por qué no tienen razón.

P.- ¿A qué cree usted que puede ser debido? ¿Debería alejarse de lo político para entrar más en lo humano?
R.- Todas las resoluciones deben ser motivadas, pero hay que hacerlo de una forma que sean comprensibles para los ciudadanos porque si se motivan de una manera abstracta la ciudadanía no lo entiende y entonces no sirve para nada.

Con respecto a lo político y lo humano, creo que no debería de estar contrapuesto. Lo que pasa es que la Administración tiene que tener muy claro que está para resolver los problemas de los ciudadanos porque, en definitiva, son ellos quienes pagan los impuestos. Desde luego, lo que no puede ser es que alguien vaya con un problema y después de hablar con la Administración salga con dos.

P.- ¿Nos quejamos mucho?
R.- El aragonés en general no es ‘quejica’ porque como decía Baltasar Gracián: “el que no hace otra cosa que quejarse, lo único que hace es desprestigiarse”. Casi todas las personas que acuden al Justiciazgo un poco de razón tienen y otros tienen toda.

P.- Usted ha querido acercar su institución al medio rural a través de visitas en las Comarcas. ¿Cómo actúa ahí la Administración?
R.- Creo que es la más cercana porque los alcaldes hacen una labor ímproba porque resuelven problemas que muchas veces no son suyos. Utilizando lo que me ha dicho anteriormente, considero que ellos ponen voz a sus conciudadanos. Lo que hay que intentar en este medio rural es que las cuatro administraciones gobernantes –comarcas, diputaciones, ayuntamientos y Gobierno de Aragón– presten los mejores servicios sin que se solapen.

Me di cuenta en mis visitas que el Justiciazgo es conocido y así me lo demuestran los ciudadanos día a día porque incluso mandan cartas a esta institución agradeciendo la labor que hemos realizado.

P.- Como defensor de las libertades de los ciudadanos en Aragón… ¿Cómo ve el movimiento del 15M? ¿Tiene esperanzas de que su voz canalice en algo efectivo para cambiar el sistema económico y financiero que les ha generado esta desafección?
R.- Hay cosas que tienen claramente razón, como que hay que mejorar la representatividad en el actual sistema electoral, pero hay otras que son más discutibles.

En realidad creo que es una llamada de atención en general a la sociedad y eso cristalizará de una manera o de otra, pero el problema reside en que los partidos tienen unas estructuras muy rígidas y el sistema electoral les interesa más a unos que a otros.

P.- Una de las premisas como defensor del pueblo aragonés es la independencia. ¿Cómo lo hace para que ningún político diga que está instrumentalizado?
R.- Ni en los 10 años que fui fiscal en Huesca, ni los trece que llevo al frente del Justiciazgo, nadie me ha llamado antes para decirme lo que tenía que hacer. No obstante, reconozco que en alguna ocasión me han llamado después a protestar. ¿Cómo se sabe si uno es independiente o no? Pues miras una resolución y comparas con otras similares y mi posición es siempre la misma al respecto, la que es más justa y responde a la verdad.

Por ejemplo, en el tema del trasvase del Ebro a Barcelona y también a la Comunitat Valenciana yo siempre me pronuncié igual.

P.- Lleva trece años al frente de esta institución, ¿qué le queda por conseguir?
R.- No tenemos ningún programa político, porque para mí cada problema de cada ciudadano que así me lo hace saber es en ese momento el mío. No obstante, si algo me gustaría conseguir es que el paro actual se acabase no sólo los casi cinco millones de españoles, sino también los más de cien mil en Aragón.

P.- ¿Cuál es la proyección exterior de la Institución, dentro y fuera de España?
R.- El Justicia de Aragón es reconocido como la Institución más antigua que hay en Aragón y me reúno con los demás defensores del pueblo españoles y creo que es más fácil ser Justicia aquí que en otras Comunidades Autónomas por el aspecto histórico que te hace sentir mejor tratado.

En mis más de diez años he intentado que el Justicia de Aragón adquiriese mayor peso a nivel internacional. Es por ello, que he participado en la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, he estado representando a todos los defensores nacionales ante la Unión Europea y también he explicado en países como Rusia o Macedonia cómo se aplican los derechos humanos en Aragón.

P.- Históricamente el titular del Justiciazgo aplicaba la Justicia, aunque por atribución constitucional lo hacen ahora los jueces. Sus informes y sus sugerencias ¿Son bien acogidas? ¿Cuándo no se resuelven qué margen de maniobra tiene su institución?
R.- Las sugerencias tienen fuerza porque tienen un apoyo no sólo de la opinión pública, sino también del razonamiento que señala el Justicia, ya que está basado en el Derecho. Pero las sugerencias también han sido respaldadas por la Justicia en más de 50 casos en los que los magistrados nos han dado la razón, frente tan sólo una que fue la que nosotros dábamos la razón al asesinado alcalde de Fago con respecto a los empadronamientos.

P.- La actual Ley reguladora del Justicia parte de 1985 ¿Habría que modificarla para tener usted más peso?
R.- Efectivamente porque debería reforzarse su independencia porque nuestros trabajadores son funcionarios de las Cortes e incluso nuestros letrados lo compartimos con esta institución. ¡El Justicia de Aragón debería ser como el Tribunal de Cuentas!

P.- Una de sus tareas es velar por la tutela del Ordenamiento Jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación. ¿Somos los aragoneses conscientes de nuestra especifidad en ese sentido?
R.- Los aragoneses conocen las líneas generales como lo del testamento o el tema de la viudedad, pero con más detalle es más complicado. No obstante, eso está cambiando porque existe un ansia de conocer más y mejor este Derecho.

P.- Lo que sí es cierto es que en marzo de este mes la Comunidad compiló el Derecho Civil de Aragón
R.- Por supuesto, es un avance en esta materia. El Derecho aragonés es muy pujante hasta que en el siglo XVI Felipe II ajusticia a Juan de Lanuza y comienza un amplio declive que se hace más agudo con los Decretos de Nueva Planta de 1708. Ya en el siglo XIX cae casi en un profundo olvido hasta que en 1948 se inaugura la compilación.

Ahora, se han hecho una adaptación a la actualidad de forma prudente porque se ha huido de maximalismos y minimalismos.

P.- ¿Cuál es su papel en la difusión de este Derecho?
R.- Muchas cosas porque celebramos el Foro de Derecho aragonés con más de veinte ediciones y tenemos un programa de publicaciones muy importante con la publicación de más de 120 libros sobre este tipo de Derecho. Asimismo, hemos conseguido que el Consejo General del Poder Judicial avale un curso para jueces de esta materia.